divendres, 21 de novembre del 2008

ESPAÑA PUEDE ESTAR VULNERANDO EL DERECHO DE ASILO


ESPAÑA PODRÍA ESTAR VULNERANDO LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO DE ASILO.

Oigo en la Cadena Ser que el “defensor del pueblo” ha pedido a la Fiscalía que investigue la expulsión a Marruecos de dos congoleños por parte de la Guardia Civil, porque cree que se ha incumplido la ley y pide al gobierno que acabe con situaciones similares.

Según la información de la Cadena Ser, entre los casos conocidos de vulneración de derechos, está el de un niño congoleño que fue expulsado a Castillejos, en Marruecos, sin asistencia médica, a pesar de llegar a España con una hipotermia.

Sucedió hace un mes, la noche del 23 de septiembre. Dos congoleños, entre ellos un niño de tan sólo siete años, trataban de entrar a nado en Ceuta cuando fueron interceptados por una patrullera de la Guardia Civil.

Inmediatamente piden asilo y el adulto advierte que el niño sufre hipotermia y que hay que llevarlo a un hospital, sin embargo no hacen caso a sus peticiones y los expulsan de nuevo a Castillejos, en Marruecos.

El defensor del pueblo abre una investigación, no le convencen los argumentos del instituto armado que dice que sólo puedan dar trámite a peticiones de asilo en aduanas o fronteras y tras consultar al ACNUR decide remitirlo a la fiscalía general del estado para que aclare si España podría estar vulnerando de manera sistemática convenios internacionales sobre el derecho de asilo.

Ambos huían del conflicto del Congo y eran ya demandantes de asilo en Marruecos que los deportó al desierto y desde entonces están desaparecidos.

España es un país democrático en el que deberían respetarse los derechos humanos, y es inexplicable que se expulse a personas procedentes de un país en guerra, en lugar de darles asilo político, y es todavía más intolerable si eso afecta a un niño y se produce sin intervención judicial ni garantías legales.

Si la investigación confirma la noticia, habría que actuar con firmeza con quienes atentan contra los derechos humanos más elementales. Un gobierno democrático y supuestamente progresista no puede permitir estas actuaciones.